Koldo García asegura que un abogado vinculado al Partido Popular le ofreció un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de facilitar acusaciones contra Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas, incluso si eran falsas. El PP niega los hechos, pero la documentación de pagos por unos 242.000 euros de la empresa editora de OKDiario a la defensa del exasesor plantea nuevos interrogantes sobre las relaciones entre los implicados.
Madrid, 6 de noviembre de 2026.
Las revelaciones difundidas por la Cadena SER sobre una supuesta oferta económica a Koldo García para proporcionar información contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han provocado una nueva controversia política de alcance nacional.
Según el relato del antiguo asesor de José Luis Ábalos, el abogado Alberto Durán, vinculado al Partido Popular y que ha ejercido su representación jurídica en procedimientos relacionados con el PSOE y el Gobierno, le habría propuesto un acuerdo que incluía el pago de su defensa, una cantidad adicional de un millón de euros y determinadas ventajas judiciales a cambio de proporcionar declaraciones que perjudicaran a dirigentes socialistas.
La emisora asegura que otras tres fuentes consultadas respaldan la existencia de aquella oferta, mientras que tanto Alberto Durán como el Partido Popular rechazan tajantemente las acusaciones.
La información exige distinguir entre los hechos documentados y las denuncias que todavía deben esclarecerse. Esa diferencia no resta importancia a las preguntas que han surgido sobre el origen de los pagos, las relaciones entre los participantes y la posible finalidad de los contactos mantenidos.
Un millón de euros por declaraciones contra el Gobierno
Koldo García sostiene que mantuvo contactos con Alberto Durán en los que se planteó un acuerdo para facilitar información que pudiera perjudicar a Pedro Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según su versión, la propuesta incluía el pago de los gastos de defensa, una cantidad económica adicional y la posibilidad de obtener ventajas procesales.
El antiguo asesor afirma que las declaraciones solicitadas podían incluir informaciones falsas.
La Cadena SER sitúa los encuentros en mayo de 2025 y señala que, según las fuentes consultadas, existía un esquema económico vinculado a una entrevista periodística y a los derechos de publicación de un libro.
La cuestión fundamental es determinar si existió una oferta condicionada a proporcionar acusaciones falsas y, en caso afirmativo, quiénes participaron en ella, con qué conocimiento y bajo qué instrucciones.
Los aproximadamente 242.000 euros que sí están documentados
Uno de los elementos que otorgan especial relevancia a esta controversia es la documentación económica relacionada con la defensa jurídica de Koldo García.
Su abogada, Leticia de la Hoz, ha aportado a la Audiencia Nacional facturas y justificantes que identifican a la empresa editora de OKDiario como responsable de pagos destinados a sufragar sus servicios profesionales.
La cantidad comunicada ronda los 242.000 euros.
Este extremo permite confirmar una relación económica entre la empresa editora y la defensa del antiguo asesor ministerial.
Sin embargo, esos documentos no prueban por sí mismos que el Partido Popular financiara los pagos ni que existiera un acuerdo para fabricar acusaciones falsas.
Precisamente por esa diferencia, resulta relevante esclarecer la finalidad de los desembolsos, las condiciones contractuales y la posible existencia de otros compromisos económicos.
¿Quién iba a pagar el millón de euros?
La versión de Koldo García introduce nuevos interrogantes sobre la financiación de la supuesta operación.
El exasesor sostiene que el dinero adicional se canalizaría a través del director de OKDiario, Eduardo Inda, y que este habría planteado recuperar posteriormente determinadas cantidades mediante ingresos publicitarios procedentes de administraciones gobernadas por el PP.
Se trata de afirmaciones que no han quedado acreditadas mediante la documentación publicada.
No obstante, la existencia de pagos documentados para la defensa abre un campo legítimo de preguntas sobre la separación entre relaciones comerciales, financiación de servicios jurídicos e intereses políticos.
¿Existió realmente una oferta de un millón de euros? ¿Quién habría asumido su coste? ¿Qué contraprestaciones se contemplaban? ¿Hubo conocimiento o participación de responsables del Partido Popular?
Responder a estas cuestiones permitiría conocer el alcance real de los hechos y descartar o confirmar las sospechas planteadas.
Feijóo, ante las peticiones de explicaciones
El PSOE y distintos miembros del Gobierno han reclamado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que explique la relación de su formación con los contactos denunciados.
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha calificado las informaciones de enorme gravedad y ha advertido de que, si se confirmaran, podrían revelar un intento de obtener declaraciones contra un Gobierno legítimo mediante incentivos económicos.
El presidente del Gobierno también ha solicitado explicaciones al líder popular.
Por su parte, el PP rechaza la versión de Koldo García. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha cuestionado la credibilidad del exasesor y ha relacionado la aparición de sus nuevas declaraciones con las recientes actuaciones de la Guardia Civil en las investigaciones judiciales que le afectan.
La negación de los hechos constituye una parte esencial de la información, pero no elimina la conveniencia de esclarecer documentalmente las circunstancias de los contactos y los pagos conocidos.
La ética está por encima de cualquier interés político
Este episodio plantea una reflexión que debería trascender las siglas y la confrontación partidista.
La investigación de posibles irregularidades, el ejercicio de la oposición y la exigencia de responsabilidades son elementos indispensables de cualquier democracia.
Sin embargo, ningún objetivo político puede justificar la fabricación deliberada de pruebas, la compra de testimonios falsos o la instrumentalización de procedimientos judiciales.
La defensa de la verdad no puede depender del partido al que pueda beneficiar o perjudicar.
Si las acusaciones de Koldo García llegaran a acreditarse, los hechos merecerían una respuesta institucional y judicial proporcionada a su gravedad.
Y si se demuestra que las acusaciones carecen de fundamento, también resultará imprescindible dejarlo establecido con claridad.
La exigencia ética debe aplicarse en ambas direcciones.
Los españoles merecen transparencia, no una política de sospechas permanentes
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién participó en los contactos denunciados y cuáles fueron las verdaderas condiciones de los pagos documentados.
La política española necesita que sus representantes contribuyan a preservar la confianza en las instituciones, especialmente cuando las controversias afectan a procedimientos judiciales, medios de comunicación y posibles intereses económicos.
Los ciudadanos no deberían tener que elegir entre creer automáticamente una acusación o aceptar sin examen una negación.
Merecen información contrastada, transparencia y respeto por los procedimientos que permiten determinar responsabilidades.
La gravedad de esta controversia no reside únicamente en la cifra del millón de euros denunciado, sino en la posibilidad, todavía no demostrada, de que se hubieran intentado utilizar incentivos económicos para alterar el contenido de testimonios con consecuencias políticas y judiciales.
El Partido Popular tiene la oportunidad de responder a las preguntas planteadas con explicaciones precisas y verificables. La investigación de los hechos deberá determinar si existe alguna responsabilidad adicional.
La política debe estar sometida a la ética, nunca al contrario. La verdad, la justicia y el respeto a los ciudadanos deben prevalecer sobre cualquier estrategia partidista.
Porque los españoles merecen una vida pública en la que las diferencias se resuelvan con argumentos, los posibles delitos se investiguen con independencia y ninguna fuerza política considere que sus objetivos justifican cualquier procedimiento.
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