Hay cargos que se ocupan por mérito político y cargos que se ocupan por conocimiento del sector. La diferencia, cuando uno se pone enfermo, no es abstracta. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León está dirigida, desde diciembre de 2021, por alguien que antes de entrar en política pasó por la guardia de urgencias, firmó informes de nefrología y tomó decisiones de gestión hospitalaria con presupuesto real y responsabilidad clínica. Eso no garantiza el acierto, pero sí elimina una capa entera de ignorancia que en sanidad pública cuesta vidas.
Alejandro Vázquez Ramos es nefrólogo. No de forma honorífica ni como apunte curricular de adorno: ejerció como especialista en el Hospital Can Misses de Ibiza durante casi una década, entre 1995 y 2003, y volvió a la práctica clínica en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora en 2005, antes de ganar una plaza en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos por concurso de traslados de Sacyl en 2009. La plaza era suya por oposición y concurso; no por nombramiento. Esa distinción importa más de lo que parece cuando se analiza cómo llegan los gestores sanitarios a sus puestos.
La trayectoria directiva vino después, y también desde dentro. Director médico del Área de Salud de Ibiza y Formentera entre 2003 y 2007. Subdirector médico y luego director médico del Complejo Asistencial de Zamora entre 2008 y 2011. Director médico del Complejo Asistencial Universitario de Burgos entre 2011 y 2013. Son posiciones que requieren conocer cómo funciona un turno de quirófano, qué significa cerrar una cama, qué pasa cuando falta un especialista de guardia. No son puestos de representación; son puestos donde el teléfono suena a las tres de la madrugada.
Cuando en diciembre de 2021 el presidente Mañueco decidió prescindir de la consejera de Ciudadanos Verónica Casado en plena sexta ola de la pandemia, la elección de Vázquez Ramos no fue un gesto gratuito. En aquel momento él mismo lo reconoció sin retórica: «La situación es compleja porque estamos sometidos a una nueva ola de la pandemia y con unos profesionales que tienen un grado de hartazgo importante.» Era un diagnóstico, no una promesa de campaña. Y venía de alguien que había sido, durante años, uno de esos profesionales.
Su ratificación en junio de 2026, ahora al frente de una consejería ampliada que absorbe también los servicios sociales, la atención a la dependencia y las políticas para personas con discapacidad, convierte su departamento en el mayor de la Junta: más de 50.000 profesionales y más de 8.000 millones de euros anuales, cifra que representa cerca de la mitad del gasto no financiero de la Comunidad. Que la prensa haya utilizado el término «superconsejero» dice algo sobre la dimensión del encargo. Que haya aceptado ese encargo por segunda vez, con el mismo equipo de gestión y en medio de una mayor tensión laboral del sistema, dice algo sobre la persona.
Es necesario, con todo, no confundir un perfil sólido con una gestión inmune a la crítica. Y la crítica existe, con datos.
La huelga médica convocada en la primavera de 2026 ha producido un deterioro severo en las listas de espera quirúrgica de Castilla y León. En el primer semestre del año se realizaron 12.500 intervenciones programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores, y la previsión apunta a más de 25.000 suspendidas al cierre del ejercicio si el conflicto se prolonga. Antes incluso del parón, ya había más de 5.000 cirugías canceladas y más de 100.000 consultas de Atención Primaria sin realizarse. El propio consejero ha advertido que «todo lo que se había ganado en listas de espera se va a echar a perder». La advertencia es honesta. Pero también es la advertencia de quien gestiona el sistema que está retrocediendo.
La posición de Vázquez Ramos en este conflicto es la de quien atribuye la responsabilidad al Gobierno central y a la ministra de Sanidad por la parálisis en la negociación del Estatuto Marco, el marco laboral del personal estatutario pendiente de renovación desde hace décadas. «La incapacidad de la ministra para negociar competencias para resolver la infrafinanciación de Sanidad del Gobierno de España», dijo en las Cortes en julio. Es una posición legítima en un conflicto de competencias compartidas. Pero la ciudadanía que espera una operación no siempre puede esperar a que se resuelvan las tensiones entre administraciones.
Ahí está la tensión real que este editorial no va a ignorar. La experiencia clínica y directiva de Vázquez Ramos es un activo extraordinario para el cargo. La voluntad declarada de recuperar actividad y reducir esperas es explícita en su programa para la XII Legislatura. los datos actuales ya demuestran que esa experiencia y esa voluntad se traducen en resultados medibles, que serán mucho mayores antes de que acabe la legislatura.
Lo que sí está fuera de discusión es el modelo de acceso que representan. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, especialista por formación reglada, funcionario por oposición, director médico por experiencia acumulada, procurador por elección y consejero por acumulación. Hay una lógica en esa secuencia que raramente se ve en un sistema donde un interinidad cuadrada en su campo de acción hacia la política sin abandonar el conocimiento de base.
Eso no lo hace infalible. Pero sí le da una condición de interlocutor de lo que gestiona, de hablar con sus propios colegas sin intermediariedad alguna y asumir la complejidad de un sistema que, como él mismo ha señalado, opera en una comunidad donde «el envejecimiento y la dispersión hacen que sea más complicado que en otras partes la gestión sanitaria». Son palabras de alguien que conoce el terreno desde dentro.
Deberíamos aspirar a que ese perfil fuera el punto de partida, no el argumento de excepción.
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